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Comisión por reclamación de posiciones deudoras

Es una comisión que establecen prácticamente todas las entidades financieras de forma que, ante cualquier retraso en el pago de los recibos (ya sea de un préstamo hipotecario, de un crédito, del pago de una tarjeta de crédito…), el banco cobra una cantidad fija que suele rondar los 30 euros.

Mucha gente sufre la siguiente situación: se cobra la nómina o la pensión, pongamos, el día 10 de cada mes. Sin embargo, el recibo del banco lo pasan al cobro el día 5 de forma que el consumidor no puede atender el pago en ese preciso instante, pero sí podría pagarlo días más tarde.

Automáticamente, la entidad financiera cobra una comisión de 30 euros en la cuenta, además del recibo del mes.

Esta situación se puede repetir todos los meses. Existen casos en los que los consumidores exponen la situación en la oficina y no le dan ninguna solución cuando lo razonable sería cambiar el día de cobro del recibo a una fecha posterior al cobro de la nómina/pensión.

Si además de no atender el pago, te quedas en descubierto, en ocasiones te cobran otra comisión por estar en descubierto.

Se trata de una cláusula que en ningún caso fue negociada individualmente y, además, destinada a ser incorporada a multitud de contratos del mismo estilo. Se trata en definitiva de una condición general de la contratación. Si la entidad demandada trata de defender la negociación individual de esta cláusula, a ella le incumbe la carga de la prueba según reiterada jurisprudencia.

Además, los tribunales entienden que no está justificado el cobro de la comisión sin que la entidad financiera acredite las gestiones realizadas que la justifiquen. Gestiones que podrían ser, por ejemplo, el envío de un burofax con acuse de recibo, etc.

Recientemente la Sala Civil del Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 25 de octubre de 2019, ha señalado lo siguiente:

“Si contrastamos la cláusula controvertida con dichas exigencias, se comprueba que, como mínimo, no reúne dos de los requisitos, pues prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática. Pero es que, además, no discrimina periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión.

Tal como está redactada, tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo (lo deja para un momento posterior), por lo que no cabe deducir que ello generará un gasto efectivo (no es igual requerir in situ al cliente que se persona en la oficina para otra gestión, que hacer una simple llamada de teléfono, que enviarle una carta por correo certificado con acuse de recibo o un burofax, o hacerle un requerimiento notarial).”

(…)

Precisamente la indeterminación a la que hemos hecho referencia es la que genera la abusividad, puesto que supondría, sin más, sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto, con infracción de lo previsto en los arts. 85.6 TRLGCU (indemnizaciones desproporcionadas) y 87.5 TRLGCU (cobro de servicios no prestados).

Además, una cláusula como la enjuiciada contiene una alteración de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, pues debería ser el Banco quien probara la realidad de la gestión y su precio, pero, con la cláusula, se traslada al consumidor la obligación de probar o que no ha habido gestión, o que no ha tenido el coste fijado en el contrato, o ambas circunstancias. Lo que también podría incurrir en la prohibición prevista en el art. 88.2 TRLGCU.

Si estás sufriendo la situación antes descrita y te han cobrado en alguna ocasión esta comisión, debes saber que puedes reclamarlo.

Para ello, necesitaríamos una copia del contrato y un recibo o extracto de movimientos que demuestre que en alguna ocasión te han cobrado la comisión.

No solo recuperarías todas las cantidades que te hubieran cobrado con los intereses desde cada indebido cobro, sino que te asegurarías que en un futuro, no vuelva a pasar al ser declarada radicalmente nula.

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