Ficheros de morosos: La importancia del requerimiento previo

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Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de abril de 2019

La sentencia resuelve un caso en el que, el demandante, administrador de una sociedad y fiador de un préstamo hipotecario concedido a la sociedad, fue incluido en los ficheros de solvencia, sin que se le hubiera comunicado previamente tal posibilidad.

Lo relevante de la sentencia es que es un hecho probado que el demandante mantenía una deuda cierta, líquida, exigible y no controvertida. Sin embargo tal situación no implica que la entidad financiera no debiera haber velado por cumplir el tercero de los requisitos, y haber requerido al deudor de pago, informándole de que de no atender el pago, podría ser incluido en los ficheros de morosidad.

La sentencia señala que:  “No es correcto afirmar que la vulneración del derecho al honor se produce exclusivamente cuando se comunican al registro de morosos los datos relativos a una deuda inexistente, por cuanto que, como hemos declarado reiteradamente, los ficheros automatizados del art. 29 LOPD no son meros registros de deudas” y citando otra sentencia anterior, concluye  que “el requisito del requerimiento de pago previo no es simplemente un requisito “formal”, de modo que su incumplimiento solo pueda dar lugar a una sanción administrativa. El requerimiento de pago previo es un requisito que responde a la finalidad del fichero automatizado sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias, que no es simplemente un registro sobre deudas, sino sobre personas que incumplen sus obligaciones de pago porque no pueden afrontarlas o porque no quieren hacerlo de modo injustificado. Con la práctica de este requerimiento se impide que sean incluidas en estos registros personas que, por un simple descuido, por un error bancario al que son ajenas, o por cualquier otra circunstancia de similar naturaleza, han dejado de hacerfrente a una obligación dineraria vencida y exigible sin que ese dato sea pertinente para enjuiciar su solvencia. Además, les permite ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación.”

Finalmente, la sentencia concede una indemnización de 10.000 euros.

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