¿Cómo reclamar una indemnización cuando tus datos son incluidos en ficheros de morosos?

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¿Qué son los ficheros de morosos?

Los ficheros de morosos, también denominados registros de impagados o registros de insolvencia patrimonial, son gestionados por diferentes entidades: Asnef, Equifax, Experian, Rai, Badexcug …

Se trata de unos ficheros públicos donde, generalmente, las compañías telefónicas, eléctricas, entidades financieras y cualquier empresa que domicilia recibos puede comunicar los datos personales de aquéllas personas que consideran “morosas”.

Una vez publicados estos datos, son accesibles para cualquier empresa que investigue la solvencia patrimonial de una persona a la hora de valorar su solvencia patrimonial de cara a, por ejemplo, prestarle financiación.

Es muy habitual que este tipo de empresas utilice la inclusión de los datos personales de las personas como un mecanismo de presión para obtener el cobro de las cantidades que consideren,  amparándose en el temor al descrédito personal y menoscabo de su prestigio profesional y a la denegación del acceso al sistema crediticio que supone aparecer en un fichero de morosos.

¿Es legal la comunicación de datos personales a los ficheros de morosos?

La comunicación es legal siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos según indica la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de fecha 29 de enero de 2013 y jurisprudencia posterior:

a) Existencia previa de una deuda cierta, vencida, exigible y no controvertida.

b) Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquella fuera de vencimiento periódico.

c) Requerimiento previo de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación, informándole, expresamente, de que sus datos podrán ser comunicados.

El requisito más problemático es el primero, y es que, en la mayoría de los casos, el “deudor” no reconoce la deuda que le reclaman o no está de acuerdo con el pago por cuanto responde a servicios no prestados o a  cantidades distintas de las pactadas. En consecuencia, si la deuda no es pacífica, toda comunicación a los ficheros de morosos, será, en principio, ilegal, lo que supone una intromisión ilegítima en el derecho al honor de los afectados.

Lesión del derecho al honor en la comunicación de datos a los ficheros de insolvencia

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 24 de abril , indica que: “la inclusión indebida en un fichero de morosos vulnera el derecho al honor de la persona cuyos datos son incluidos en el fichero, por la valoración social negativa de las personas incluidas en estos registros y porque la imputación de ser “moroso” lesiona la dignidad de la persona, menoscaba su fama y atenga a su propia estimación (« pues esta clase de registros suele incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa o al menos con recelos y reparos […] es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia estimación”

Además, esta sentencia declara intrascendente que el que el registro haya sido o no consultado por terceras personas, puesto que la jurisprudencia ha distinguido en el derecho al honor un doble aspecto, el aspecto interno de íntima convicción -inmanencia- y el aspecto externo de valoración social -trascendencia-.

Asimismo, declara igualmente intrascendente que haya sido comunicada una deuda de una cantidad económica muy pequeña.

Indemnización por la lesión del derecho al honor por la inclusión indebida en los ficheros de morosos

Respecto de la solicitud de indemnización, han de aplicarse las previsiones de la Ley Orgánica 1/1982, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

El art. 9.3 de esta ley prevé que « la existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma ».

La intromisión ilegítima se acreditará, siempre y cuando la comunicación haya sido realizada sin haber cumplido con los tres requisitos antes señalados.

Acreditada la intromisión ilegítima surge un perjuicio indemnizable que incluye el daño moral, que, según declara el Tribunal Supremo es aquel que “no afecta a los bienes materiales que integran el patrimonio de una persona, sino que supone un menoscabo de la persona en sí misma, de los bienes ligados a la personalidad, por cuanto que afectan a alguna de las características que integran el núcleo de la personalidad, como son la integridad, física y moral, la autonomía y la dignidad…”

A la hora de valorar la indemnización que se solicite a la empresa que comunicó los datos, se han de valorar muchas circunstancias, tales como la denegación de financiación, el número de veces que fue consultado por terceros el fichero, la difusión que se haya dado de la condición de moroso, el tiempo que haya estado indebidamente incluida en los ficheros de morosos, etc.

Como decimos, la indemnización varía dependiendo de las circunstancias concurrentes en casa caso, pero suelen ser indemnizaciones importantes por cuanto el derecho al honor es un derecho fundamental, siendo muchas las sentencias que condenan a la empresa que comunicó los datos a indemnizar por cantidades que rondan los 10.000 euros.

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